La “idea” de sistema matrimonial
Se trata de un concepto meramente sistemático que tiene por objeto resaltar los datos normativos fundamentales de un determinado ordenamiento jurídico en relación con la validez de las formas del matrimonio, al tiempo que se integra dentro del conjunto del Derecho comparado.
CIVIL – (20) - FAMILIA – EL MATRIMONIO
1. EL MATRIMONIO
En nuestra sociedad, hasta la aprobación de la Ley 13/2005, el matrimonio ha sido la unión estable entre hombre y mujer que tiene por objeto compartir la vida y sus avatares.
CIVIL – (19)
- FAMILIA – EL DERECHO DE FAMILIA
EL DERECHO
DE FAMILIA
Al Derecho le interesa mucho la familia, por evidentes razones de organización social y de tutela de las personas necesitadas de protección, cuya atención ha de procurarse mediante mecanismos sustitutivos si la familia no existe o no resulta suficiente para ello.
CIVIL – (18)
- GENERAL Y PERSONA - LA AUTONOMÍA PRIVADA Y EL NEGOCIO JURÍDICO. LA
REPRESENTACIÓN - 4
1. EL DENOMINADO FALSUS PROCURATOR.
Pese a que la
actuación del representante requiere encontrarse legitimado por una relación de apoderamiento (convencional o
legal), resulta obvio que en la práctica no son extraños los casos en que una
persona actúa por otra sin contar con dicha legitimación
o, sencillamente, extralimitándose en las atribuciones otorgadas.
Este caso suele ser
poco frecuente.
Son numerosos los
casos en los que el representante se prevale de un poder que después fue revocado, o aquellos que el
representante se extralimita del poder concedido. En tales casos, no hay
adecuación entre la actuación representativa y el apoderamiento, hablándose, por tanto, de falsus procurator o falso representante.
LA NULIDAD DE LA ACTUACIÓN DEL FALSUS
PROCURATOR.
El art. 1.259,2 CC dice: “el
contrato celebrado a nombre de otro por
quien no tenga su autorización o representación legal será nulo, a no ser que lo ratifique la persona a cuyo nombre se
otorgue antes de ser revocado por la otra parte contratante”. Por tanto, el negocio o contrato celebrado entre el representante y el tercero no podrá producir
los efectos propios del mismo y habrá de considerarse
ineficaz.
Si bien, como dice el artículo anterior, la nulidad se producirá “a no ser que lo ratifique la
persona a cuyo nombre se otorgue antes de ser revocado por la otra parte
contratante”. Esto es, el representado, cuando el tercero le inste a
ejecutar lo pactado por el falso
procurador, puede:
a) Alegar la existencia de un falso
procurador y desentenderse de forma total y absoluta del tema, o
b) Asumir personalmente la falta o
inadecuada actuación representativa y considerarse vinculado con el tercer,
mediante la ratificación.
La ratificación
viene a suponer un apoderamiento a posteriori, el cual tiene eficacia retroactiva y sana el defecto de
poder de la actuación. En tal sentido, la fecha de celebración del contrato será aquella en la que lo realizó el
falso procurador.
En el caso de no
existir ratificación, el tercero podrá dirigirse contra el representante, y lo podrá hacer de las
siguientes formas:
· Podrá dirigirse contra él por vía penal,
ya que dicha actuación puede constituir un
delito de estafa, en virtud del art. 248 CP.
· No obstante, en la mayoría de los casos,
habrá de limitarse a la vía civil y reclamar el resarcimiento de los daños.
Para ello resulta necesario que el tercero haya
pactado con el falso procurador de buena fe y con la debida diligencia.
En tal sentido, el
resarcimiento de daños se plasma en el interés contractual negativo; esto es, en indemnizar al tercero
por los perjuicios patrimoniales sufridos y las posibles ganancias que hubiera podido obtener.
La actuación por cuenta ajena supone y requiere que el representante gestione y defienda el interés del representado, en nombre de quien interviene, y se olvide del suyo propio en cuanto se desenvuelve en la acción representativa.
Nuestro Derecho no
permite que una persona que actúe en representación de otra, a la misma vez, sea la otra parte en un
negocio jurídico; p. ej., en la celebración de un contrato de compraventa, una
persona actuaría como comprador, y a la vez esta persona actuaría del otro lado
en representación del representado como vendedor. Son varios preceptos del CC
los que imposibilitad el denominado auto
contrato declarándolo nulo.
Es aquella en la que
el representante actúa en nombre propio, sin manifestar u ocultando
conscientemente el nombre del representado. Aunque lo haga por cuenta ajena y en interés del representado,
externamente o frente a terceros, el representante, se presenta como parte
directamente interesada, realizando los actos o cerrando las negociaciones en su propio nombre.
En
puridad de conceptos, es más acertado hablar de mandatario en vez de representante. Cabiendo destacar que el
mandante (en vez de representado) no tiene relación
alguna con el tercero.
Se considera a
aquella representación, mediante la cual se le otorga el apoderamiento al representante, en virtud de un texto legal. Cabe
destacar que nuestro CC no utiliza casi nunca el vocablo representación para
referirse a la representación directa,
mientras que su utilización es continua y reiterada en la relación con los
supuestos de representación legal. Los supuestos típicos de representación
legal son:
a) Los tutores son representantes legales
de los menores o incapacitados sometidos a tutela, con carácter general, aunque
hoy en día la tutela es graduable.
b) Son representantes legales los
progenitores que ostenten la patria potestad sobre los hijos menores y sobres
los hijos mayores de edad incapacitados.
c) Igualmente es representante legal el
designado por la autoridad judicial para representar
y amparar los intereses de los incapacitados.
d) Asimismo lo serán los
representantes de los desaparecidos o los que tengan
declarada su ausencia.
CIVIL – (17) - GENERAL Y PERSONA - LA AUTONOMÍA PRIVADA Y EL NEGOCIO JURÍDICO. LA REPRESENTACIÓN - 3
Se habla de representación cuando una persona gestiona o resuelve las gestiones de un tercero; en definitiva consiste en actuar en el tráfico jurídico una persona por otra. El art. 1.259.1 CC establece que “ninguno puede contratar a nombre de otro sin estar por éste autorizado o sin que tenga por la ley su representación legal”; admitiendo, a contrario, la figura de la representación. Del precepto se pueden distinguir dos tipos de representación:
CIVIL – (16)
- GENERAL Y PERSONA - LA AUTONOMÍA PRIVADA Y EL NEGOCIO JURÍDICO. LA
REPRESENTACIÓN - 2
Se trata del
supuesto más grave de ineficacia. Por ello suele ser adjetivada como nulidad absoluta o de pleno derecho. Son
causas de nulidad:
a) La carencia absoluta o inexistencia de
cualquiera de los elementos esenciales (causa,
objeto y consentimiento) del negocio jurídico.
b) El incumplimiento de cualquiera de los requisitos
del objeto del contrato: licitud, posibilidad
y determinación.
c) La ilicitud de la causa del negocio
jurídico.
d) El incumplimiento de la forma sustancial
en los negocios formales o solemnes.
e) La contrariedad a las normas
imperativas, a la moral y al orden público, en cuyo caso se hablaría de negocio
ilegal.
f) En particular, los actos a título
gratuito sobre bienes comunales realizados por un cónyuge sin el consentimiento
del otro.
Por muy nulo que sea
un negocio jurídico, producirá una apariencia tal, que salvo que sea destruido,
producirá efectos como si fuera válido. Para evitar semejante apariencia negocial el Derecho establece la
acción de nulidad, la cual cuenta con los siguientes caracteres:
· Es imprescriptible, es decir, se
puede ejercitar en cualquier momento.
· Puede ser ejercitada por cualquier
persona que tenga interés en deshacer el negocio
jurídico.
Los negocios
jurídicos nulos no tienen ningún efecto, y, por lo tanto, tiene dos
consecuencias:
a) En general a la restitución, es decir, a
dejar las cosas en el status quo inmediatamente
anterior a la celebración el negocio jurídico (art. 1.303 CC).
b) El art. 1.305 CC establece que en el
caso de ilícito penal las partes carecerán
de toda acción entre sí, dándose a las cosas o precio la aplicación prevenida en el Código Penal.
c) El art. 1.306 CC establece que cuando el
negocio sea ilícito por causa torpe, el
causante de la misma no podrá ejercitar la acción de repetición.
Se habla de nulidad
parcial cuando el negocio jurídico contiene una o varias cláusulas ilegales, pese a la validez y adecuación del
ordenamiento jurídico del conjunto esencial del mismo. El CC no establece una
regla general al respecto, aunque a lo largo del
articulado, existen normas concretas que determinan la siguiente solución: las cláusulas nulas se tendrán como
inexistentes, a la misma vez que se mantiene la eficacia del negocio jurídico celebrado.
Un negocio jurídico
se considera anulable cuando pueda ser impugnado o, por el contrario, seguir produciendo efectos
jurídicos mientras la anulación no tenga lugar. Son causas de nulidad:
a) Todos los vicios de la voluntad o, en su
caso, del consentimiento: error, violencia, intimidación y dolo.
b) Inexistencia de plena capacidad de obrar
de alguno de los sujetos del negocio y, en su caso de las partes contratantes.
c) Inexistencia del consentimiento marital
o uxorio respecto a los negocios jurídicos realizados por el otro cónyuge,
cuando legalmente se requiera la voluntad
de ambos.
La acción de
anulabilidad tiene un alcance mucho más limitado que la nulidad. Nuestro CC determina a la acción de
anulabilidad como “acción de nulidad” (art. 1.301),
por ello, algunos autores prefieren distinguir entre “nulidad absoluta” y
“nulidad relativa”, para referirse a la
nulidad y anulabilidad, respectivamente.
El plazo de la
anulabilidad, según el art. 1.301 CC es de 4 años, y debe entenderse como de caducidad. El plazo empezará a
correr desde la consumación del contrato, o bien desde un momento
posterior, cuando la anulabilidad se produzca por violencia o intimidación, por
falta de capacidad de obrar o falta de consentimiento conyugal, ya que en estos casos se empezará a contar desde
que cesen tales supuestos (la violencia o intimidación, la falta de capacidad,
o el matrimonio).
En cuanto a las
personas legitimadas para interponer la anulabilidad, esto queda limitado a las personas que hayan sufrido el
vicio, así como los que asumen obligaciones
en dicho negocio jurídico.
En general, los
efectos de la anulabilidad son los mismos que los de la nulidad: la restitución. Si bien, se establece una
excepción en el art. 1.304 CC: “…no está
obligado el incapaz a restituir, sino en cuanto se enriqueció con la cosa o
precio que recibiera”.
En tanto no se
declare judicialmente la nulidad o
anulabilidad, los negocios jurídicos inválidos pervivirán como si no fueran tales.
a) Aunque no se ejercite la acción de
nulidad, el negocio jurídico nulo será tal para el Derecho, de ahí la imprescriptibilidad de la acción y la
amplia legitimación para ejercitar
la acción. Por ello, mientras no se ejercite la acción, se habla de simple apariencia del negocio jurídico, el cual no
podrá ver sanados sus vicios de raíz.
b) La falta de ejercicio de la acción de
anulabilidad, conlleva la supervivencia del negocio
jurídico. Es decir, mientras no se ejercite el derecho a la acción de
anulabilidad, el ordenamiento jurídico
considera el negocio completamente válido.
En síntesis, se
podría decir que las causas de anulabilidad son disponibles para las partes y, por tanto, sanables. Mientras que
las de nulidad, son de derecho necesario y de carácter
indisponible, por atentar contra el orden público.
La confirmación se
define en el art. 1.313 CC que establece “purifica
al contrato de los vicios que adoleciera desde el momento de su celebración”.
Ésta puede ser expresa o tácita (con la ejecución de un acto que implique
necesariamente la voluntad de
renunciarlo).
Se podría decir que
la confirmación es un acto que extingue la acción de anulabilidad, dando validez y eficacia al negocio jurídico, con
carácter retroactivo, desde el momento
en que se constituyó.
Se denomina conversión
cuando un negocio jurídico nulo, por
contravenir alguna norma imperativa, puede ser reconducido a otro tipo negocial válido. P. ej. un comodato oneroso,
al ser inválido, se convierte en arrendamiento.
La rescisión es una
forma particular de ineficacia del contrato que procede de un momento posterior
a la celebración del mismo, el cual nace plenamente válido. Según el art. 1.290 CC “los contratos válidamente celebrados pueden rescindirse en los casos
establecidos por la ley”. Estas se establecen en el art. 1.291 CC y son:
a) Rescisión por lesión: en tal sentido, se
podrán rescindir los contratos celebrados por
los tutores sin autorización judicial o en representación de ausente, siempre
que éstos hubiesen sufrido lesión en
más de la cuarta parte del valor del objeto.
b) Rescisión por fraude: los negocios
jurídicos con intención fraudulenta para terceros,
constituyen causa de rescisión.
c) Rescisión por otros motivos: el art.
1.291.5 CC establece una cláusula abierta para
poder rescindir aquellos otros supuestos que determine la ley.
El CC exige tres
requisitos para que sea posible el ejercicio de la rescisión:
a) Que el perjudicado carezca de otro
recurso legal para obtener la reparación del perjuicio,
por tanto, se habla que es subsidiaria.
b) Que el perjudicado pueda devolver
aquello a lo que estuviere obligado.
c) Que las cosas objeto del contrato no se
hallen legalmente en poder de terceras personas
que hubieran procedido de buena fe.
El plazo para
ejercitar la acción rescisoria es de 4 años. Comenzará a contar desde el
momento que se celebró el negocio jurídico; en el caso de personas incapaces, comenzará a contar desde que obtengan la
capacidad de obrar.
El efecto
fundamental es la restitución, es
decir, la devolución de todo aquello que ha
sido entregado. Pero como puede ocurrir que la cosa haya desaparecido, siendo
imposible su devolución; o bien haya ido a parar a manos de terceros que tengan protegida su adquisición de modo preferente;
en estos casos la acción restitutoria se convierte en acción indemnizatoria o reparatoria, con carácter subsidiario.
CIVIL – (15)
- GENERAL Y PERSONA - LA AUTONOMÍA PRIVADA Y EL NEGOCIO JURÍDICO. LA
REPRESENTACIÓN.
1. EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA PRIVADA.
Las consecuencias jurídicas de cualquier hecho o acto se encuentran predeterminadas por el Derecho positivo. Así, la libertad o albedrío de la persona, quedaría limitada a la decisión de realizar el acto o no que representa el supuesto hecho típico de la norma jurídica aplicable.
CIVIL – (14) - GENERAL Y PERSONA - EL PATRIMONIO
1. LA NOCIÓN DE PATRIMONIO.
Desde el punto de vista económico, se entiendo por patrimonio el conjunto de bienes económicamente evaluables que pertenecen a una determinada persona, bienes que, por tanto, están adscritos a su propia esfera de dominación y disposición.
CIVIL – (13) - GENERAL Y PERSONA - LAS COSAS - 2
Existen una serie de bienes que, por su peculiar importancia y por estar destinados al uso común o a un servicio público, han sido excluidos de la “mano privada”, quedando sometidos a un régimen especial, denominado genéricamente domino público.
CIVIL – (12) - GENERAL Y PERSONA - LAS COSAS
1. EL OBJETO DE LA RELACIÓN JURÍDICA: LOS BIENES.
IDEAS
GENERALES.
Las relaciones jurídicas tienden a conseguir una cosa determinada, o la prestación de una conducta concreta por parte de cualquier persona. Al hablar del objeto de la relación jurídica, es importante determinar el elemento objetivo de la relación entre los sujetos de derecho.
CIVIL – (11) - GENERAL Y PERSONA - LAS PERSONAS JURÍDICAS. LAS ASOCIACIONES Y LAS FUNDACIONES
1. LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL CÓDIGO
CIVIL.
El art. 35 CC declara
la existencia en nuestro sistema jurídico de
tres tipos fundamentales de personas jurídicas:
· Corporaciones.
· Asociaciones.
· Fundaciones.
CIVIL – (10) - GENERAL Y PERSONA - EL REGISTRO CIVIL
1. EL REGISTRO CIVIL: NOCIONES FUNDAMENTALES.
Las relaciones sociales requieren acreditar de forma segura e indiscutible las condiciones de capacidad y el entorno familiar de la persona, al mismo tiempo que los Estados modernos han mostrado un enorme interés en contar con un “fichero” de sus ciudadanos. Éste viene representado por el Registro Civil, destinado a que consten en él “los actos concernientes al estado civil de las personas” (art. 325 CC).
CIVIL – (9) - GENERAL Y PERSONA - LA NACIONALIDAD. LA VECINDAD CIVIL Y EL DOMICILIO.
1. SIGNIFICADO Y CONCEPTO DE LA
NACIONALIDAD. APÁTRIDA.
Las normas que
regulan la nacionalidad son de una importancia
capital para cada Estado. La Administración debe poder saber en todo momento
quiénes son sus ciudadanos.
Esta importancia no impide que resulte problemático definir la nacionalidad. Una posible definición es: la integración de la persona en cualquier organización política de carácter estatal; de tal manera que la persona queda sometida al ordenamiento jurídico de dicho Estado, mientras que éste queda obligado a reconocer y respetar los derechos fundamentales y las libertades públicas de aquélla.
CIVIL – (8) - GENERAL Y PERSONA - LA DESAPARICIÓN DE LA PERSONA: AUSENCIA Y DECLARACIÓN DE FALLECIMIENTO.
Para el Dº civil se
considera “ausente” a quién, además
de encontrarse fuera del lugar en que
habitualmente desarrolla su vida, ha desaparecido sin dejar noticias o sin
comunicarse con sus allegados y familiares. Por tanto, la característica fundamental
es que se desconoce su paradero y si se encuentra vivo.
Evidentemente las relaciones jurídicas referentes al sujeto (matrimonio, bienes, deudas…) no pueden quedar infinitamente en suspenso.
CIVIL – (7) - GENERAL Y PERSONA - LA CAPACIDAD DE OBRAR. LA INCAPACITACIÓN.
1. LA MAYORÍA DE EDAD Y PLENA CAPACIDAD DE
OBRAR.
Llegar a la mayoría
de edad implica, de manera automática, adquirir la plena capacidad de obrar, o posibilidad de ejercitar por sí mismo los
derechos y/u obligaciones correspondientes
a la persona.
Así dice el art. 322
CC: “el mayor de edad es capaz para todos
los actos de la vida civil, salvo las excepciones establecidas en casos
especiales por este Código”.
El texto del artículo prevé que puedan existir casos especiales donde la mayoría de edad no sea condición suficiente para ostentar la capacidad de obrar (por ejemplo, para poder ejercer el derecho a la adopción es necesario tener 25 años).
CIVIL – (6) - GENERAL Y PERSONA - EL DERECHO DE LA PERSONA: LA CONDICIÓN DE PERSONA. LOS DERECHOS DE LA PERSONALIDAD.
1. EL DERECHO DE LA PERSONA.
LA CONDICIÓN JURÍDICA DE PERSONA: PERSONALIDAD Y PERSONIFICACIÓN.
El sujeto de Derecho
por antonomasia es el ser humano. La existencia de la persona y de la sociedad
son presupuestos del Derecho, que solo
existe en cuanto interesa a los seres humanos encontrar pautas para la resolución de conflictos.
Hoy en día los conceptos de persona y ser humano coinciden. No obstante en Derecho suele hablarse de personas físicas o naturales. También se utiliza el término de persona jurídica para hablar de los colectivos o agrupaciones que el Derecho ha personificado por diversas razones.
CIVIL – (5) - GENERAL Y PERSONA - EL TIEMPO Y LAS RELACIONES JURÍDICAS: LA PRESCRIPCIÓN Y LA CADUCIDAD.
1. EL TRANSCURSO DEL TIEMPO Y LAS RELACIONES JURÍDICAS.
El titular de cualquier
derecho tiene la posibilidad de ejercitar los poderes que su derecho le confiere en un momento determinado
(término) o a lo largo de un periodo de tiempo
(plazo).
La precisión del periodo temporal durante el cual puede ejercitarse las facultades que se poseen variará en función de muchos aspectos.
CIVIL – (4) - GENERAL Y PERSONA - LA RELACIÓN JURÍDICA. LOS DERECHOS SUBJETIVOS. EJERCICIO Y TUTELA DE LOS DERECHOS.
1. LA RELACIÓN JURÍDICA: CONCEPTO, ESTRUCTURA Y CLASES.
LA IDEA DE RELACIÓN JURÍDICA.
Se puede definir las relaciones jurídicas como todos aquellos comportamientos interhumanos que están sometidos a Derecho.
CIVIL – (3) - GENERAL Y PERSONA - LA VIGENCIA Y LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS JURÍDICAS
1. LA APLICACIÓN DEL DERECHO: CALIFICACIÓN, INTERPRETACIÓN E INTEGRACIÓN.
Las normas jurídicas tienen, entre otras, la función la ordenación de la vida en comunidad, y para ello tienen un carácter impositivo y coactivo (sanciones). En consecuencia, el primer problema que surge a la hora de aplicar las normas jurídicas está el identificar qué normas resultan aplicables a un determinado caso concreto.
CIVIL – (2) - GENERAL Y PERSONA - ORDENAMIENTO JURÍDICO, NORMA JURÍDICA Y FUENTES DEL DERECHO.
1. CONCEPTO DE NORMA JURÍDICA.
Las normas jurídicas contienen un mandato de carácter general que vincula a todos los miembros de una determinada comunidad. Es tan norma jurídica una ley parlamentaria, como costumbres comúnmente aceptadas. No obstante, no debemos confundirlo con el concepto de disposición normativa, la cual sirve de vehículo a la norma jurídica, especialmente hoy en día donde es de vital importancia el Derecho escrito.
